Una investigación de Fiscalía y la PDI apunta a una estructura que habría facilitado el ingreso de drogas, armas y celulares a recintos penales, usando sobornos y el sistema de encomiendas. Además, el caso abre otra alerta sobre cómo el crimen organizado busca “hackear” el control carcelario.
Una caída de alto impacto en el mapa del delito. 🚨
#ContextoExpress
Fiscalía y la Policía de Investigaciones (PDI) realizaron un operativo masivo llamado Operación Apocalipsis, con 66 detenidos, entre ellos 44 funcionarios de Gendarmería, para desarticular una red de corrupción vinculada a cárceles del país. En total, participaron más de 500 efectivos y hubo diligencias en siete regiones.
Según expuso el fiscal regional Occidente, Marcos Pastén, el foco partió por antecedentes en la Región Metropolitana, especialmente en Santiago 1 y el CPF San Joaquín, donde habría existido colusión con civiles para ingresar elementos prohibidos y también para permitir ingresos de personas que no debían entrar.
¿Qué se sabe?
De acuerdo con la investigación, la red habría usado el sector de encomiendas y pagos ilegales para mover “productos” hacia adentro. Además, el monto total de sobornos investigados superaría los $6.300 millones, y los pagos a funcionarios podían variar —según el producto— entre $10.000 y $400.000.
También se reportaron infracciones a la Ley de Drogas y a la Ley de Control de Armas, junto con el ingreso irregular de celulares. Por otro lado, Fiscalía indicó incautaciones como 183 cuentas bancarias, 11 vehículos, además de armas y drogas.
A esto se suma que, según lo descrito en el operativo, afuera operaban grupos conocidos como “manillas” o “manilleros”, y dentro existían modalidades como “la feria” (venta de productos a internos). En paralelo, el reporteo citado por La Tercera mencionó un “tarifario” con cobros por distintos favores, incluyendo montos altos por teléfonos y cambios de módulo.
¿Por qué importa?
Primero, porque el caso muestra cómo la corrupción puede transformarse en infraestructura: no es solo “un favor”, sino una cadena que mueve plata, mercancía y poder dentro de un sistema ya tensionado. Además, cuando entran armas, drogas o teléfonos, sube el riesgo de violencia y de control criminal desde el encierro.
Por último, el gobierno y Fiscalía lo están tratando como un punto de quiebre: los detenidos serán formalizados el viernes 19 de diciembre en Santiago, con delitos como agrupación criminal y cohecho, entre otros. A la vez, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, habló de “tolerancia cero” y visitó Santiago 1, donde trabajaba gran parte de los implicados.
#DatazoKULTO
La investigación apunta a sobornos que superarían los $6.300 millones en total.
#GlosarioKulto
CPF: Centro Penitenciario Femenino (en este caso, CPF San Joaquín).
Cohecho: delito asociado a recibir (o solicitar) dinero para hacer u omitir actos propios del cargo.
¿Crees que casos como este son “excepciones” o una señal de un problema más profundo en el sistema penitenciario?
¿Qué medidas te parecen clave para evitar que el crimen organizado vuelva a instalar estas redes?
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